Demandan Intervención de la FGR en Yucatán


Redacción
Ante el temor fundado de que sus empresas sean clausuradas y sus propietarios encarcelados, duelos de restaurantes, estacionamientos, gimnasios, tiendas departamentales y otras negociaciones del estado de Yucarán, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República a efecto de que investigue a funcionarios y empleados del ayuntamiento de Mérida, a quienes acusan de extorsión, amenazas, cobros de piso y amenazas, imputaciones que han
sido denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad, donde se hace caso omiso de las mismas.
"Ya no solo somos extorsionados por el crimen organizado, sino ahora por las autoridades encargadas de cuidarnos y protegernos", puntualizan los quejosos.
En un periodo marcado por denuncias de irregularidades en la administración municipal, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada se ausentará para participar en eventos europeos del 13 al 15 de octubre de 2025, incluyendo la Semana Europea de Regiones y Ciudades en Bruselas, con visitas a Tallin, Helsinki y Espoo, enfocadas en planeación urbana y medio ambiente. Esta agenda internacional busca atraer recursos para Mérida al parecer, pero coincide con reportes de problemas locales que requieren atención inmediata.
En 2025, el Ayuntamiento ha enfrentado acusaciones de corrupción. Estos casos involucran a personal de áreas como Desarrollo Urbano, donde se detectaron malas prácticas tras denuncias ciudadanas. La alcaldesa ha enfatizado una política de cero tolerancia y urge a la ciudadanía a reportar irregularidades con evidencias.
Respecto a clausuras de establecimientos, en lo que va del año se han reportado cierres de locales comerciales por incumplimientos en medidas de seguridad, como una tienda asiática en el centro en julio. Denuncias empresariales señalan prácticas selectivas en inspecciones, con trámites prolongados y multas elevadas. Entre los afectados se mencionan Goat Bar, Los Corralitos, Sold Out.
Piensa Rosa, La Violeta y La Jaus, sumando más de 25 restaurantes clausurados en 2025, según fuentes locales. Extorsiones también afectan a gimnasios, tiendas y tianguistas, con cobros reportados de hasta 2,500 pesos por espacio en mercados.
En materia de trata de personas, Yucatán registra cuatro denuncias por este delito, explotación infantil y esclavitud moderna de 2018 a agosto de 2025.
En 2024, no se reportaron denuncias formales, lo que sugiere sub registro.
Sin embargo, casos recientes incluyen la extradición desde Colombia de Cristóbal Fernández Viamonte, líder de una red que explotaba sexualmente a ocho mujeres extranjeras en Mérida. En octubre de 2024, dos hombres de 47 años fueron
detenidos en Mérida por violación equiparada agravada y trata de personas contra una menor de 12 años. Organizaciones civiles destacan redes transnacionales que reclutan víctimas de Centroamérica y Chiapas para explotación laboral en construcción, con un incremento del 17.5% en carpetas de investigación en 2025 respecto al año anterior. Funcionarios como Lizbeth Basto Avilés, coordinadora general de Buen Gobierno; Adrián de Jesús Caballero Casanova, jefe de Inspección de Mercados; Carlos Daniel Hau Ché, jefe de Permisos; Miguel Darío Soto Herrera, coordinador municipal de Protección Civil; y José Ricardo Themann Miguel, jefe de Denuncia Ciudadana e Inspección Urbana, han sido mencionados en denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en inspecciones y permisos, con cobros de hasta 400,000 pesos para reaperturas. Estas acusaciones subrayan la necesidad de depuraciones y auditorías.
Los datos revelan un incremento en la percepción de inseguridad y un sub registro en delitos graves, lo que exige una auditoría exhaustiva a clausuras y permisos de los últimos dos años, intervenciones en mercados y rendición de cuentas sobre el viaje europeo. Mérida, como centro económico de Yucatán, debe equilibrar atracción de inversiones con resolución de estos desafíos para garantizar gobernabilidad y desarrollo sostenible.
Los afectados afirman estar "más que cansados" de ser objeto de todo tipo de abusos por parte de grupos vinculados al crimen organizado, en particular los dedicados al cobro de piso y extorsiones, para que ahora sean objeto de los
mismos delitos, pero solo que hoy en día son cometidos por autoridades estatales y municipales, lo que hace que la otrora pacífica y atractiva ciudad emeritense se convierta en una ciudad violenta y peligrosa, como sucede en no pocas de la Península de Yucatán.

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